Condenar a la UGT, ¿salvando a los políticos?
>NERVIOS ANTE LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL EN ANDALUCÍA
La investigación judicial está dejando al desnudo la profundidad y la anchura de la corrupción sindical en Andalucía. Ningún medio de comunicación lo niega ya. Lo que suscita aún dudas en los medios de izquierdas es el ángulo político del escándalo. La UGT como fusible... o eso esperan en el PSOE.
La descalificación de los sindicatos, en particular la UGT, como representantes de los trabajadores es lo que resaltaba un editorial de ABC: «A la corrupción se le une la desvergüenza, porque sólo quienes se creen con patente de impunidad pueden cobrar de la respectiva Administración como gasto de actividad sindical una comilona tras otra. Esta falta de pudor es inercia de una tolerancia histórica hacia los sindicatos de clase en España, sobrevalorados antaño en su función representativa para que favorecieran la Transición, lo que fue paralelo a la contemporización con la financiación irregular de los partidos».
Por su parte, El País editorializaba condenando a sindicatos... pero abriendo una puerta a la exculpación de los políticos, al levantar dudas sobre la juez Mercedes Alaya: «Ha señalado a los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, aforados del Tribunal Supremo en su calidad de parlamentarios a Cortes. Pero lo hizo en un auto que recibió las críticas –por su dudosa legalidad– de la fiscalía. La juez debe llegar hasta el final, pero con el rigor necesario para no convertir un caso de corrupción en un departamento de la Junta en una causa general. Su instrucción ya ha dejado elementos preocupantes, como la prescripción de dos de los tres delitos imputados a siete empresarios, entre ellos dos hermanos de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, o el hecho de que decenas de personas imputadas en el caso hace más de un año aún no hayan podido declarar».
No opinaba así Agustín de Grado en La Razón: «Alaya no investiga un caso de corrupción más, aunque sea el más grave por número de imputados (161) y la cantidad defraudada (1.217 millones). Con voluntad inquebrantable en la función de su magistratura y la precisión de un cirujano, Alaya está diseccionando un régimen de poder articulado durante 30 años de ejercicio ininterrumpido».
Y Victoria Prego, en EL MUNDO, se llevaba las manos a la cabeza ante la desfachatez, prolongada hasta hoy, de los políticos: «Hay que tener mucho valor para decir, como ha dicho Cándido Méndez, que si había alguna irregularidad, la subsanarían. La irregularidad es todo el comportamiento del sindicato como tal, y eso ya no hay quien lo subsane. Ése es su drama. (...) Aquí hay un insistente aroma a corrupción generalizada, mucho más allá de los ERE, que toca a la Junta y a la nube de empresas satélite crecidas a su sombra. Y a ese aroma ha contribuido importantemente Magdalena Álvarez. Una consejera de Economía en un Gobierno que no sea una farsa del primero al último no puede decir que modificó cinco veces en un año el presupuesto por un total de 32,2 millones de euros, sin saber por qué ni para qué, ni haber preguntado al menos».